Fotografías: Salgado Albán-Mli.

La acampada por el derecho a la vivienda, que ya lleva cinco días, alberga  entre 600 y 1.000 manifestantes que pernoctan en más de 300 tiendas de campaña en la capital.  La movilización, impulsada por colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, surgió tras el desahucio en camilla de Maricarmen, de 87 años.

Ante la presión social, el Consejo de Ministros ha reaccionado aprobando de urgencia dos Reales Decretos-Leyes. 

Las reformas incluyen la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028, la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta 2030 y una prórroga forzosa de dos años para los alquileres vigentes.  Además, se endurece el control sobre los arrendamientos de temporada y por habitaciones para evitar el fraude.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid exigen el desalojo inmediato por motivos de seguridad, pero los activistas han confirmado que no se moverán hasta este viernes. Ese día, los Diputados del Congreso votarán la convalidación de los decretos, en una sesión en la que el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos suficientes de sus socios parlamentarios.